WASHINGTON, D.C. — El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) está en las etapas finales de aprobación de una nueva norma que prohibiría el uso de fondos federales para financiar bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y cirugías de transición de género en menores de edad. La medida impactaría a todos los hospitales que participen en los programas federales Medicare o Medicaid.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó en exclusiva a National Review que esta regulación será una condición obligatoria para que los hospitales continúen recibiendo fondos federales: no podrán realizar procedimientos de modificación de rasgos sexuales en menores de edad si desean conservar su participación en los programas públicos de salud.

“Estamos revisando activamente todas las subvenciones federales dirigidas a hospitales que aún realizan estos procedimientos en menores, y determinando qué fondos pueden ser recortados sin comprometer la atención médica esencial o la investigación crítica”, señaló un vocero de la administración.

La normativa responde a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero titulada “Proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica”. Esta orden instruyó a los programas como Medicaid, CHIP y TriCare a eliminar cualquier financiación para tratamientos relacionados con la llamada “atención de afirmación de género”, argumentando que estas prácticas han causado daños irreversibles en jóvenes vulnerables.

“Nuestra nación ya no financiará, patrocinará, promoverá ni apoyará la llamada 'atención médica de afirmación de género', que ha arruinado demasiadas vidas preciosas”, escribió Trump en su red Truth Social.

Consecuencias inmediatas para los hospitales

Bajo esta política, los hospitales infantiles que continúan ofreciendo estos servicios a menores podrían enfrentar auditorías, investigaciones por facturación irregular y recortes inmediatos en los fondos de Medicaid. Según fuentes oficiales, se están examinando casos específicos donde no se habría obtenido consentimiento informado por parte de los menores y sus familias.

Algunos centros médicos ya han suspendido temporalmente estos tratamientos en espera de definiciones más claras, mientras que otros podrían enfrentar sanciones más severas si no se alinean con las nuevas directrices federales.

Testimonios de quienes destransicionaron

El debate ha ganado fuerza con testimonios de jóvenes que iniciaron una transición de género y posteriormente se arrepintieron. Uno de los casos más conocidos es el de Chloe Cole, quien comenzó su transición a los 13 años y se sometió a una doble mastectomía a los 15.

“Me aprobaron una cirugía para extirparme los senos a los 15 años. ¿Quién cree que eso debería haber sido una opción?”, cuestionó públicamente en 2023. “¿Cuántos cuerpos de niños más serán destruidos antes de que me escuchen?”

Funcionarios del HHS han señalado que muchos jóvenes y sus familias fueron “engañados por proveedores” que no informaron adecuadamente sobre los riesgos. Entre los efectos adversos documentados se encuentran infertilidad, trastornos cardiovasculares, complicaciones quirúrgicas, impacto cognitivo y alto nivel de arrepentimiento.

Revisión científica y postura oficial

En mayo, el HHS publicó el informe titulado “Tratamiento para la disforia de género pediátrica: revisión de evidencia y mejores prácticas”, donde concluye que estas intervenciones no son tratamientos aceptables ni seguros para niños con confusión de género.

“El enfoque médico conocido como 'afirmación de género' conlleva daños significativos y no cuenta con suficiente respaldo científico”, señala el documento. “La responsabilidad de la sociedad es salvaguardar el bienestar físico, emocional y mental de los menores”.

A medida que las nuevas regulaciones entran en vigor, varios departamentos del gobierno han prometido una vigilancia estricta sobre clínicas, hospitales y proveedores que, según advierten, se benefician económicamente de tratamientos experimentales en menores.

La medida se enmarca dentro de una ofensiva más amplia de la administración para proteger a los niños en temas de alta sensibilidad social y médica, estableciendo una postura clara frente a uno de los debates más polarizantes de la actualidad.